Caminar en el infierno.
Sin lugar a dudas que el gobierno mexicano tiene mucho
que celebrar con la captura de uno de los delincuentes más buscados por el
gobierno estadounidense, ya lo decía el Secretario de Gobernación Miguel Ángel
Osorio Chong, cooperamos con Estados Unidos, lo que de ninguna manera se puede
traducir como gobernamos para el pueblo de México.
Y mientras el gobierno celebra el pueblo camina por
las veredas del infierno, lejos de la celebración y la euforia de un gobierno
apresurado por entregar a su delincuente antes que averiguar sobre la red de
corrupción que lo dejo libre. Y a partir de estas dos realidades se construye
la agenda comunicativa del país y se deja de lado lo más importante.
En muchos lugares de México emprender un negocio implica
caminar en el infierno; una vez superados los trámites burocráticos que para
establecer una empresa ha colocado el gobierno, se debe estar atento a la forma
en que los grupos criminales observan el crecimiento o no de esta. Tamaulipas,
Michoacán, Guerrero y otros estados del país han sido víctimas de la práctica
de cobro de piso por grupos delincuenciales.
Esta parte que se ve en el cierre de empresas, en la
desaparición de pequeños y medianos empresarios y que se ha visto reducida a la
simpleza del secuestro y la extorsión, no ha recibido de parte del gobierno un
tratamiento real y certero por parte del gobierno, el gabinete de Seguridad, ha
construido un discurso en torno al combate a las drogas y deja de lado las
demás actividades asociadas al crimen organizado.
La sustracción ilegal de recurso mineros, la tala
clandestina, la introducción ilegal de productos de manufactura extranjera al
País, son asuntos que se han negado a tratar de manera estratégica con los
temas de drogas a pesar de que los mismos representan daños importantes a la
economía de la nación.
El robo de petróleo y gasolinas representa el 20 por
ciento del mercado energético nacional y sin embargo los aprehendidos y
consignados por este delito, se es trata de una manera diferenciada.
El crimen organizado en México ha ido de la extorsión,
secuestro y asesinato a empresarios
hasta el intento de cobro de derecho de piso a las escuelas públicas en
Guerrero, estado en el que se documentaron por los maestros de la zona de
Acapulco al menos tres intentos de extorsión para que las escuelas siguieran
funcionando y el reclamo de los aguinaldos de los docentes.
Este hecho, minimizado por el gobierno federal, solo
movió a las fuerzas federales para obligar a los docentes a evaluarse, hecho
coercitivo que violaba a todas luces los derechos de los trabajadores de la
educación y aplaudido por una turba enardecida y servil de Enrique Peña Nieto.
La escalada del crimen organizado en la toma
territorial del país, no ha sido asumida por el gobierno como una realidad a la
que se debe de enfrentar y frenar; presume el gobierno conocer la forma en que
territorialmente se mueve el crimen organizado, pero olvido decir que ha sido
vergonzosamente expulsado de amplias zonas del país y sus fuerzas corrompidas
por el poder económico del crimen organizado.
El dominio territorial del narco, el debilitamiento de
la seguridad de las aduanas, el resquebrajamiento del aparato de seguridad
pública, la toma de actividades de minería y petróleo por bandas
delincuenciales, hablan de la forma en que el gobierno ha perdido el control
efectivo del país.
La cereza del pastel la colocó el crimen organizado al
pretender cobrar el derecho de pisos a los ayuntamientos de estados como
Morelos en los que reclamaban porcentajes del presupuesto y asignación de obras
públicas y entrega del control de las policías. La pregunta es ¿Está enterado
el Gobierno Federal de que gobierna un país amenazado en su territorio, en su
economía, en su administración?
En muchos lugares de México, emprender un negocio,
educar, gobernar o simplemente vivir, es caminar en el infierno y la oscura
noche del abandono.
